PGJDF incumple recomendación de la CDHDF por detenciones arbitrarias y tortura

El ocho de mayo de 2008 fueron víctimas de tortura Yasser Serna Flores, Oscar Barrera Reyes y Sinhué Leonardo Peralta Gómez, detenidos sin motivo alguno, de manera ilegal y arbitrariamente, por seis policías judiciales del Distrito Federal.

soycitadino.com / DF Ciudad de México

 

 

Dichos hechos fueron corroborados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quienes además, pudieron acreditar que dichas personas fueron víctimas de actos ilegales de incomunicación, de extorsión, y tortura tanto desde el momento de su detención hasta su puesta a disposición ante el Ministerio Público y con posterioridad a su reclusión, durante más de medio año.

Ante ello, la CDHDF emitió la recomendación 8/2011, a la PGJDF, la cual a pesar de haber sido aceptada no ha sido cumplida, por lo que la PGJDF no ha cumplido con su obligación de reparar la violación de los siguientes Derechos humanos: Derecho a la libertad y seguridad personales por detención ilegal y arbitraria; el Derecho a la integridad personal por tortura; la falta al deber de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los actos de tortura e incumplimiento a la obligación de reparar a las personas agraviadas, como garantía de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial; y el Derecho a las garantías judiciales, derivadas de la violación a la libertad personal

Suscitado lo anterior, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), junto con los agraviados, interpusieron amparo en contra del incumplimiento de la recomendación emitida a la PGJDF. Posteriormente se interpuso Recurso de Revisión, cuyo conocimiento recayó en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

El 21 de marzo del dos mil trece la ODI, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción del amparo en revisión 54/2013, el cual ya ha sido atraído mediante resolución de fecha 19 de junio de dos mil trece.

El presente caso resulta de gran relevancia ya que por primera vez en la historia judicial de este país, nuestra Suprema Corte de Justicia analizará y resolverá si una autoridad responsable –en este caso PGJDF- ha dado cumplimiento con su obligación de reparar los derechos humanos documentados en una recomendación del organismo local.

El precedente que generará el estudio del presente asunto, no sólo constituirá un importante control judicial para asegurar que las autoridades cumplan con los estándares en materia de derechos humanos, sino que además, se le podrá otorgar obligatoriedad a las resoluciones emitidas por los organismos locales de derechos humanos.

Organismos constitucionales de derechos humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), reconocen que el actual sistema mexicano de investigación penal y procuración de justicia se encuentra en un momento clave de su transformación, por esta razón, subrayan que las garantías procesales de presunción de inocencia y debido proceso son incompatibles con la tortura como acto legitimado para la obtención de confesiones y el esclarecimiento de la verdad jurídica, pues su naturaleza criminal quebranta los fines mismos de la justicia y lesiona las aspiraciones del Estado constitucional y democrático de derecho.

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